Bronca en el final del Segundo Juicio

No hubo consuelo ni palabras para explicar el espíritu devastado del público al término de la lectura del veredicto en Amuc. Hubo condena para los jefes militares, pero aquellos a los que se consideró partícipes necesarios de plan criminal cuya metodología fue la desaparición y la tortura, merecieron entre ocho y doce años de cárcel; casi un tercio del tiempo de impunidad ante los crímenes cometidos durante la dictadura.

Hubo testigos víctimas que aseguraron que recibieron golpes, que perdieron parte de sus dentaduras en las golpizas, que llevaban consigo problemas de salud graves producto de la tortura en sus diferentes formas, y no se les creyó. La absolución de la mayoría de los policías rionegrinos por los que se hizo este juicio se debió a que «no se consideró probado» los relatos de los sobrevivientes.

Al término del veredicto hubo muchos insultos y gritos por parte de unos pocos, pero mayor fue el silencio y el estupor de la mayoría. Como atados al piso, sin poder explicar ni explicarse, con la sensación de que no estaba bien, de que no hubo justicia pese a la condena.

Las madres neuquinas dieron rienda suelta a la denuncia a viva voz de impunidad y de injusticia dentro de la sala. E insistieron con el ejemplo que las hizo madres de Plaza de Mayo: instaron a continuar exigiendo Justicia a pesar de los escollos sin dejar que un mal fallo impida el reclamo. «La marcha no tiene fin, esta no es la Justicia que queríamos, habrá que perfeccionarla y esa es la tarea de todos nosotros, adelante», sostuvo Lolín Rigoni cuando agradecía a muchos de los que se agolparon afuera, la asistencia y acompañamiento durante los largos meses de testimonios y de juicio.

El viernes 02 de noviembre, el Tribunal convocó a las partes para dar lectura al veredicto de la sentencia a represores del Alto Valle para el martes 06 a las 7:30 de la mañana. Organizaciones sociales, representantes de partidos políticos, familiares y víctimas de la represión se presentaron para escuchar la voz de la justicia que había tardado 36 años en llegar.

A sala llena, el Salón Verde de AMUC estaba expectante, por las palabras del Presidente del Tribunal Oral Federal, Orlando Coscia, quien daría tranquilidad y pondría fin a tan larga espera. No estuvieron presentes los imputados. Tampoco la mayoría de los defensores. El equipo de la Defensa Oficial faltó en su totalidad.

 

Con cánticos que decían “cárcel común, perpetua y efectiva, ni un solo genocida por las calles argentinas” aquellos que fueron víctimas recibieron a los magistrados que comenzaron con la lectura del veredicto. Afuera del salón, un grupo de manifestantes esperaba también con la esperanza de que al terminar la audiencia se hiciera presente la justicia.

Sin embargo, a medida que se leían los puntos del fallo, aquel aire de fiesta que había inundado la sala antes de comenzar, se empezó a esfumar dejando a su paso el desdén, la bronca y la tristeza. Mientras que algunos familiares, como Oscar Ragni, tomaban nota con atención de cada una de las condenas y absoluciones, otros festejaban penas como la impuesta a Enrique Braulio Olea, de 22 años de prisión, por considerarlo partícipe necesario penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad, agravada por el empleo de violencia, amenazas, y por la aplicación de tormentos físicos y psíquicos, que en uno de los casos (José Luís Albanesi) resultó en la muerte del “perseguido político”, lamentaban desconcertados condenas como las de Antonio Alberto Camarelli, de 10 años o la del personal de inteligencia, Raul Antonio Guglielminetti, de 12 años, murmurando “vergüenza!” y sintiéndose apabullados, por absoluciones como la de Emilio Jorge Sacchitella, quien había sido imputado por el caso de Ernesto Joubert, secuestrado en Junín de los Andes y reconoció a Sacchitella como quien le propició golpes y fue uno de sus interrogadores y quien según el testigo, le había dicho que tenía el poder de decidir “quien vive y quien muere”.

Con un total de 8 absoluciones y penas máximas de 23 años, y el pedido de investigación de víctimas de la tortura en Cipolletti, de quienes ya la periodistas del diario Río Negro, Alicia Miller,  había en el 2010 puesto en duda su credibilidad, el tribunal puso fin a la lectura del veredicto, dando lugar a una serie de repudios, llanto y exabruptos, que sacaron a la luz, claramente, la decepción de los que esperaron tantos años por una justicia, que sintieron no llegó.

Sergio Méndez Saavedra, víctima de la dictadura, gritaba al tribunal, consternado, por considerarlos responsables de “dejar asesinos sueltos”, Ernesto Joubert, quien antes de la audiencia se mostraba feliz, se lamentaba por haber viajado más de 500 kilómetros, para escuchar la absolución de uno de los responsables de su secuestro y tortura, las representantes de la Ceprodh se pusieron al frente de la manifestación que se llevaba a cabo fuera del salón, para repudiar el veredicto por considerar que la justicia había demostrado ser “una justicia de clase”.

Mientras tanto, Noemí Labrune, de la APDH, se decía impotente por creer que las condenas habían sido incongruentes y demasiado bajas para los delitos aberrantes de los que se trataba, yendo en contra de la jurisprudencia en este tipo de juicios que siempre había buscado las penas más altas por ser delitos que expresan el atentado contra la humanidad toda;  y representantes de la APDH y la Secretaría de Derechos Humanos, como así también el fiscal Marcelo Grosso adelantaban que apelarían el fallo.

 

Por su parte, para cerrar la jornada, los únicos representantes de los imputados que se encontraron ausentes, Rodolfo Ponce De León y Paola Rubianes, se mostraron satisfechos por el veredicto y consideraron que las penas se habían ajustado al derecho.

 

  

Sindicato de Prensa de Neuquén

fotos Emiliano Ortiz/Matías Subat