Ceprodh: «Este no es un juicio del pasado, sino del presente»
La querella del Ceprodh a cargo de las abogadas Ivana Dal Bianco y Natalia Hormazábal pidieron severas penas: para doce de los imputados reclamaron prisión perpetua y para los diez restantes 30 años de cárcel.
Arrancaron su alegato, que tuvo como eje distintivo el planteo de que a todos los acusados se les impute el delito de genocidio, con un fuerte cuestionamiento al sistema de enjuiciamiento y al gobierno nacional, porque a 4 años del primer juicio estas audiencias se realizan «sólo por 38 compañeros y están aquellos que no llegaron a presenciarlo y los que siguen desaparecidos».
El Ceprodh no acusó por José Luis Cáceres, que forma parte de los casos, policía de inteligencia detenido en 1975 como parte de una interna en la triple A, luego sacado a torturar en 1976 cuando estaba en funcionamiento el centro clandestino «La Escuelita».
«El paso del tiempo es factor de impunidad, Carlos Kristensen y Jorge Jure fallecieron antes de que se trataran sus casos; están impunes integrantes de la policía de Neuquén y de la Federal. Varios de ellos fueron traídos al juicio como testigos y se ha revictimizado a los sobrevivientes a partir de que no se les permite contar su caso si no están en este juicio, como si fueran meros objetos de prueba y no sobrevivientes del horror. Es el caso de Dora Seguel, que fue traída como testigo de Pedro Maidana cuando ella misma fue secuestrada y víctima del mismo operativo en Cutral Co», señaló Hormazábal.
Dijo que la prueba principal «siguen siendo los testimonios de los sobrevivientes» y que desde el Estado no se aportaron los «archivos de la dictadura», ni se estableció el destino de Jorge Julio López, desaparecido durante los alegatos en el juicio a Miguel Etchecolatz.
«Si hubo un genocidio deben condenar por genocidio», reclamaron las abogadas, al tiempo que resaltaron que la misma situación de «disciplinamiento a la clase obrera» que fue el espíritu del golpe de Estado de 1976, se mantenía en las causas abiertas contra los luchadores sociales en la actualidad.
Hormazábal sostuvo que las desapariciones y torturas cometidas contra la militancia a partir del golpe militar constituyeron un genocidio porque «las clases dominantes» buscaron imponer el sistema económico con la herramienta del «aniquilamiento» de los sectores organizados en ascenso, que «erosionaban este poder».
Y por ello indicó que no iban a claudicar en su pedido a los jueces para que se condene por el delito de genocidio para que «la verdad histórica coincida con la verdad judicial».
Técnicamente aseguró que estaba tipificado en el artículo 2 de la Convención Internacional de Prevención y Sanción contra la Tortura, con sus apartados a, b y c y consideró que correspondía el concurso de delitos a través del artículo 55.
Ivana Dal Bianco resaltó las características generales del «plan genocida» y puntualizó que en la región se cumplió con el “circuito de centros clandestinos, tortura y aniquilamiento donde la mayoría eran trabajadores y estudiantes”. Añadió que “cada uno tenía su costado de activismo o. Si algo demostraron los sobrevivientes es que todos estaban orgullosos de pertenecer a una organización que buscaba cambiar el mundo y este plan de organización en ascenso» fue el enemigo «señalado por los represores».
Comparó que al igual que a nivel nacional, «la Alianza Anticomunista Argentina -Triple A, cuya creación se le atribuye a José López Rega, ex ministro de Bienestar Social de Isabel Martínez de Perón-, con su anclaje en la Universidad Nacional del Comahue bajo el rector Remus Tetu, y con los actores Raúl Guglielminetti y José Luis Cáceres, fue la antesala del genocidio también en la región.
Como parte del delito de genocidio se instrumentó la tortura «en la comisaría de Cipolletti y en la delegación Neuquén de la policía Federal, antes de que comenzara a funcionar en agosto La Escuelita», describió.
Planteó que la «destrucción del grupo nacional» al que se secuestró, torturó y desapareció no sólo estaba cristalizada en las desapariciones de Celestino Aigo, Miguel Pincheria, Francisco Pichulmán, José Delineo Méndez y Javier Seminario, sino también en el traslado de niños como lo fue la apropiación del hijo de Graciela Romero y Raúl Metz -desaparecidos y secuestrados en Cutral Co-, en el padecimiento a los familiares a los que siguieron «torturando psicológicamente con el hasta hoy pacto de silencio».
Para las querellantes los imputados repitieron en las indagatorias «la negación de los hechos como una técnica, porque los perpetradores niegan el genocidio», señalaron en base a estudios del criminólogo inglés Stanley Cohen.
Indicaron que en la región «quedó probada la militancia gremial» y que la inteligencia se focalizó sobre este grupo, en la «participación de todas las fuerzas» en el plan y en la implementación de la desaparición forzada como elemento constitutivo del genocidio puesto en marcha. Resaltaron que la comisaría de Cipolletti y de la Federal fueron parte del mecanismo».
Se indicó que en la UNCo los estudiantes o docentes cesanteados por Remus Tetu fueron trasladados a «La Escuelita», con operativos específicos donde se atacó la militancia política, como los secuestros a los militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en Cutral Co o los que habían sido “marcados” ya por la Triple A cuando operó en la Universidad.
«El objetivo era la destrucción física y psíquica de los luchadores populares que se organizaban junto con el movimiento estudiantil. Hubo genocidio, se cometieron actos genocidas, se debe condenar no en el marco del genocidio sino por el delito de genocidio», finalizaron.
Penas pedidas
“En nombre de los desaparecidos, de Jorge Julio López, de los trabajadores y el pueblo pobre”, Dal Bianco y Hormazábal pidieron las siguientes penas:
Para Oscar Reinhold, Hilarión de la Pas Sosa, Enrique Olea, José Luera, Gustavo Vitón, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín, Julio Oviedo, Enrique Casagrande, Raúl Guglielminetti, Alberto Camarelli y Antonio Laurella Crippa, cadena perpetua.
Para Jorge Gaetani, Máximo Maldonado, Serapio Barro, Emilio Sacchitella, Miguel Quiñones, Gerónimo Huircaín, Oscar Del Magro, Saturnino Martínez y Desiderio Penchulef, 30 años de cárcel.
Sindicato de Prensa de Neuquén
Fotos: Cecilia Maletti/Matías Subat