Respaldo solidario y búsqueda de respuestas

Con una importante asistencia de público en las afueras del tribunal, constituido en el salón de AMUC de Avenida Argentina al 1600 de Neuquén, se reanudaron hoy las audiencias de La Escuelita 7.

La gran cantidad de personas que a las 8;30 esperaban en la vereda, se organizaban o hacían preparativos, fue llamativa respecto de una menor participación que se produjo en diciembre, con el inicio de este juicio.

Organizaciones de derechos humanos, militantes de las causas por la memoria, adolescentes y estudiantes que integran la agrupación jóvenes por la memoria (JxM), docentes, familiares y amigos de quienes declaraban en esa jornada: Eduardo París, su hermano Raúl; y los testigos Pablo Krauleck (dirigente de la Unter)  y el abogado Pedro Quarta, que finalmente no alcanzaron a exponer ante los jueces.

PH Fabian Ceballos

inicio de audiencias 2021

Los saludos, comentarios, la pegatina de banderas de la APDH, Ceprodhd y de las Madres de Plaza de Mayo en pocos minutos complementaron un escenario de expectativa en la puerta del tribunal, que antes del ingreso sólo contaba con la intervención artística realizada días antes por Jóvenes por la Memoria.

Entre las personas y grupos alrededor del ingreso o en los sectores de descanso de la avenida frente a las puertas del tribunal, la de los familiares de detenidos-desaparecidos de Cutral Co y Plaza Huincul, se hizo notar.

“Decidimos venir a acompañar porque es parte de nuestra historia también”, dijo Pedro Maidana, uno de los sobrevivientes del centro clandestino “La Escuelita” de Bahía Blanca. Junto con Dora Seguel, que llegó acompañada de sus maestras de la primaria y secundaria, son parte de los 20 denunciantes de este VII tramo del juicio.

“En ese juicio, como todos los de La Escuelita, tenemos que ser solidarios”, añadió Pedro. Tanto él como Dora serán parte de los testimonios de un listado de más de 100 que tiene previsto citar la fiscalía.

Pero Pedro no venía con la expectativa de ingresar, sino que “nos reencontramos acá afuera con jóvenes, organizaciones, compañeros y militantes; entonces es como que estamos hermanados de vuelta”, dijo. Precisamente uno de los que también llegó al lugar temprano fue Juan Carlos, su hermano. Juan Carlos tenía 15 años cuando sufrió la detención en la comisaría de Cutral Co, esa terrible semana del Operativo en la Comarca Petrolera. Ya declaró tanto en el juicio en el que se trató su caso, como así también fue testigo en otras audiencias en las que se le solicitó dar testimonio de episodios ocurridos para corroborar o complementar la prueba para otro denunciante en estas causas de lesa humanidad.

“La idea también es acompañar e interiorizarnos de todo lo que nos pasó, esto no nos es ajeno, buscamos contenernos unos a otros en esta situación”, señaló Juan Carlos, que integra en Neuquén las filas del vecinalismo.

Llamativamente a Pedro le sorprendió la consulta de por qué asistir a Neuquén desde Cutral Co en una jornada de juicio en la que está impedido su ingreso. “Es parte de nuestra lucha también, para recordar y atar cabos, porque detrás de todos ese pacto de silencio que hicieron los genocidas y los cómplices que no quieren revelar. Uno puede atar cabos y entender la modalidad, los movimientos que hicieron”, indicó.

Fue notorio que en los cuartos intermedios las personas que podían acceder al testimonio presencial, traían detalles o novedades a quienes continuaban en bulevar de la avenida o la vereda, a la espera de saber qué había pasado: si había declarado alguno de los represores (lo que no ocurrió), o detalles de algún testimonio.

Pedro Maidana agregó que “en todos estos años, por el esfuerzo de los organismos de derechos humanos, se ha podido comprender el proceder y los mecanismos que usaron, aparte de los secuestros, de las torturas y las desapariciones; por eso nos reencontramos acá afuera”.

Para la siguiente audiencia, además de las declaraciones de Quarta y Krauleck que quedaron pendientes, se preveía el testimonio de Eduardo Buamscha y de Raúl González, dos legisladores peronistas en 1976 que fueron sobrevivientes al secuestro y traslado al centro clandestino de Bahía Blanca.

Shirley Herreros para la cobertura colaborativa.

Fotografía de Fabian Ceballos.

 

El secuestro de Eduardo París  

Luego de la feria judicial de enero se reanudaron hoy las audiencias del séptimo juicio a represores del Alto Valle de Rio Negro y Neuquén, durante la dictadura militar de 1976. Por primera vez, desde el inicio del proceso, estuvieron en forma presencial los jueces Alejandro Cabral, Alejandro Silva y Simón Bracco.

En primera instancia el presidente del Tribunal Oral Federal, Cabral, informó que la fiscalía citó para el próximo 17 de febrero a los testigos Pedro Cuarta, Eduardo Buamscha y Raúl González.

PH Fabian Ceballos

Audiencias 2021

En este punto la defensa de los imputados solicitó una grilla completa de los testigos que declararán a lo largo del juicio. La fiscalía se comprometió a acercar un listado tentativo. Sucede que a raíz de la pandemia de coronavirus, los fiscales deben consultar con pocos días de antelación el estado de salud de los testigos.

A continuación el tribunal consultó a los imputados si querían declarar, ninguno de ellos lo hizo pero varios aseguraron que hablarán luego de escuchar los testimonios.

El primer testigo fue Raúl Horacio París, hermano de Eduardo, quien fue víctima de delitos de lesa humanidad y por ese motivo es querellante en la causa.

PH Fabian Ceballos

Eduardo Paris 10 02 2021

Raúl relató el momento en el que se enteró que su hermano fue detenido por la policía de Cipolletti. “Yo trabajaba en ese momento en una bodega en General Roca. Me avisan que mi hermano estaba detenido y voy a la Comisaría 24 de Cipolletti, junto con el abogado Juan Manuel Salgado. Eduardo trabajaba en el Banco Los Andes. Según me contaron, tres policías lo buscaron y se lo llevaron”, sostuvo.

París precisó que en la Comisaría no supieron decirle dónde estaba su hermano. Sin información, junto al abogado Salgado presentaron un habeas corpus en el Juzgado Federal y luego se reunieron con el entonces obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, quien les dijo que en la región habían muchas detenciones como la que había ocurrido con Eduardo.

Pasados unos días recibió un llamado de la Comisaría de Cipolletti. “Un oficial me indica que Eduardo estaba en Médanos, así que fuimos hasta allá a buscarlo. Cuando lo liberan vienen con nosotros un chico y una chica que creo eran de Cinco Saltos”, expresó Raúl. Estas dos personas que viajaron de regreso a Cipolletti eran Nora Rivera y Darío Altomaro.

Al recordar cómo afectó la vida familiar el secuestro de Eduardo, el testigo dijo que su mamá sufrió muchísimo, sobre todo en los momentos donde no sabían nada de él. “Eduardo no hablaba mucho del tema al principio. Yo notaba que dormía con miedo, porque cuando prendía la luz se sobresaltaba y se tapaba”, dijo.

PH Fabian Ceballos

Raúl Paris

Raúl finalizó su testimonio agradeciendo haber podido hablar luego de tantos años.

 

Judith Calmels para la cobertura colaborativa.

Fotografías de Fabian Ceballos.

Declaraciones de la querella

En las primeras jornadas de esta séptima etapa del juicio «La Escuelita» se plantearon las acusaciones y se manifestó la disconformidad ante el rechazo de hacer publicas las audiencias testimoniales por parte del TOF.

El abogado querellante por APDH habló sobre la acusación en la segunda jornada de la séptima etapa del juicio neuquino de lesa humanidad. Además explicó las diferencias con CEPRODH.

Las abogadas querellantes por CEPRODH explicaron las dificultades técnicas que se presentan en el desarrollo de esta séptimo etapa del juicio neuquino de lesa humanidad. Insistieron en la importancia que este proceso judicial tiene aun hoy y en que no están de acuerdo con las acusaciones por homicidio. Sosteniendo así la idea de genocidio. Por ultimo explicaron la relevancia de juzgar los delitos sexuales como autónomos a los tormentos en general.

Santiago Amillano y Daniel Font Thomas para la cobertura colaborativa.

Las querellas debatieron las figuras de “homicidio” y “desaparecido”

En la cuarta audiencia en el séptimo juicio a represores de Neuquén y Río Negro las querellas expusieron los hechos y explicaron de qué acusan a cada imputado. La actividad se retomará el 10 de febrero próximo, se continuarán con el planteo de las defensas y podría haber indagatorias, en el caso de que los acusados tengan la intención de hablar.

La última jornada de 2020 estuvo signada por los problemas técnicos en el salón de la Asociación Mutual Universitaria Comahue (AMUC), en Avenida Argentina al 1600. Luego de varios cortes de energía el sistema de cámaras y sonido fue suspendido, y la audiencia comenzó a las 10:30 (una hora y media más tarde de lo establecido).

Ph Oscar Livera

Burno Valda y Natalia Hormazabal 2020

La primera exposición estuvo a cargo de la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), representada por las abogadas Natalia Hormazábal y Mariana Derni. Remarcaron la necesidad de que se mantenga a la figura del “desaparecido”, y se opusieron a la calificación de homicidio solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF). “No llamamos a las desapariciones por lo que no son”, expresó Derni, y agregó que hablar de asesinato constituye “una ficción jurídica”. “El Estado, mientras los imputados guardan su pacto de silencio, debe decirnos qué pasó, qué les hicieron, cuál fue el destino final y quiénes son responsables por las víctimas detenidas desaparecidas”, agregó.

Sobre la elevación a juicio el Ceprodh precisó que se basan en el pedido de marzo de 2020, donde se incorpora a Osvaldo Bernardino Páez. El acusado, que integró el Estado Mayor del V Cuerpo del Ejército, fue acusado por “privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, doblemente agravada por haber mediado violencia” y también por “aplicación de tormentos”, en perjuicio de diecinueve víctimas. Derni agregó que también le atribuyen responsabilidad por violación sexual, en el caso de Dora Seguel.

Por su lado Bruno Vadalá, a cargo de la querella de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), omitió el relato de los hechos e indicó que la fiscalía ya había expuesto lo que le ocurrió a cada víctima. Habló del contexto en el que se produjeron los crímenes, remarcando que “son delitos de lesa humanidad, en el marco de un genocidio”. Leyó el requerimiento para cada acusado, solicitando que se los impute en su mayoría por “privación ilegal de la libertad, doblemente agravada por haber mediado violencia” y “aplicación de tormentos”.

La APDH cree que víctimas de este tramo que siguen desaparecidas, fueron asesinadas en La Escuelita de Bahía Blanca. “La figura del desaparecido se creía más cercana a los hechos porque nada se sabía sobre su destino posterior a los centros clandestinos de detención y torturas”. Agregó: “luego de cuarenta y cuatro años, es ilógico sostener que las víctimas se encuentran en otro lado o que fueron trasladadas a otro lugar”.

Vadalá solicitó, al igual que el resto de las querellas y la fiscalía, que se juzguen por separado los delitos contra la integridad sexual. “Existían dos delitos bien diferenciados. Por lo tanto la relación entre tormentos y violación no puede realizarse porque no es un tipo de delito subsumido dentro de otro” aclaró, y recordó que en estos casos no es importante quién ejecutó el acto materialmente, sino “todos aquellos que pudieron detentar el dominio del hecho e incidieron en su configuración final”.

Tras un cuarto intermedio la audiencia cerró con el relato del abogado abogado Luis Virgilio Sánchez, representante de Eduardo París, quien integró el Partido Intransigente y trabajó en el Banco de los Andes durante la dictadura.

Sánchez detalló dos momentos distintos en los que la víctima fue detenido sin explicaciones. Primero su paso por las comisarías Primera de Neuquén y luego Cuarta de Cipolletti, donde fue liberado. Allí reconoció luego a Gerónimo Enerio Huircaín y Miguel Ángel Quiñones, entonces efectivos en la policía de Río Negro. Luego relató un segundo secuestro, en el cual París fue llevado y torturado en los dos centros clandestinos conocidos como La Escuelita, la de Neuquén y la de Bahía Blanca. Tras casi diez días de detención y torturas fue liberado en la Ruta Nacional 3 y llegó solo a la localidad de Pedro Luro. Fue trasladado a la Comisaría de Mayor Buratovich y, antes de regresar a Neuquén, vio a otras dos víctimas: Nora Rivera y Darío Altomaro.

Sánchez adhirió en su totalidad a la acusación del MPF, destacando “la pormenorizada y minuciosa exposición” de José Nebbia y su adjunta, Jorgelina D’Alessandro. Le atribuyó a los imputados la calificación legal de “privación ilegal de la libertad, agravada por el empleo de violencia y amenazas” y la “aplicación de tormentos”, agravados porque Eduardo París era un perseguido político.
Finalmente, el presidente del tribunal, Alejandro Cabral, dio por finalizada la audiencia y dispuso el regreso para el 10 de febrero de 2021, con las cuestiones preliminares y planteos de la defensa. A pedido de los otros jueces y tras acordar con las partes, las audiencias se realizarán sólo los miércoles, a la mañana y a la tarde, con un cuarto intermedio a las 13.

 

Santiago Amillano para la cobertura colaborativa.

Fotografía de Oscar Livera

La fiscalía detalló las acusaciones

La atribución de responsabilidades a los 15 acusados por parte de la fiscalía ocupó hoy en forma completa la tercera jornada del séptimo tramo de los juicios por lesa humanidad cometidos en nuestra región durante la última dictadura, que se desarrolló en los salones de AMUC en Neuquén capital. La mayoría, personal del ejército y de las policías Federal y rionegrina, fueron imputados en distinto grado por los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, torturas, homicidios (en los casos de las ocho víctimas que todavía están en condición de desaparecidas) y violación, por las detenciones que se produjeron en los operativos en la zona y que tuvieron como destino final el centro clandestino de detención “La Escuelita”, en Bahía Blanca.

En el comienzo de la audiencia el presidente del Tribunal Oral Federal, Alejandro Cabral, informó que la secretaria Sol Colombres, había dado positivo de Covid 19, pero como el último contacto con el resto de los integrantes del cuerpo había sido el pasado jueves, se decidió seguir adelante con el debate. La reemplazante es Marta Ithurrart.

El fiscal José Nebbia y su adjunta, Jorgelina D’Alessandro, fueron los encargados de continuar con la acusación que se había iniciado el miércoles 9 de este mes. La primera parte tuvo como protagonistas a los represores que cumplieron funciones en Neuquén y el Alto Valle de Río Negro.

Para el ministerio público el militar Oscar Reinhold fue miembro de una asociación ilícita, impartió órdenes ilegales y coautor de privación ilegítima de la libertad, torturas físicas y sicológicas, con el agravante de ser los destinatarios perseguidos políticos, en contra de 18 víctimas; y también coautor de la violación que sufrió Dora Seguel cuando estuvo detenida en Cutral Co. Fue acusado, además, como partícipe primario por homicidio con alevosía en ocho casos (Cecilia Vecchi, Susana Mujica, Alicia Pifarré, Jorge Asenjo, Carlos Chávez, Mirta Tronelli, Arlene Seguel y Carlos Schedan) y por violación (a Dora Seguel en Bahía Blanca).

Ph Oscar Livera
José Nebbia 2020

Los integrantes del Destacamento de Inteligencia del ejército, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Jorge Di Pascuale, fueron imputados como partícipes primarios de asociación ilícita, homicidios y violación.

El personal civil de inteligencia, Raúl Guglielminetti, como partícipe primario de privación ilégitima de la libertad en seis casos y de homicidio con alevosía, por lo ocurrido con Mujica, Vecchi y Pifarré.

El policía rionegrino, Gerónimo Huircaín, como partícipe primario de la detención ilegal y de privación de la libertad de Eduardo París; y el comisario de la misma fuerza, Desiderio Penchulef, por las detenciones de Nora Rivera y Jorge Asenjo.

Fueron considerados partícipes primarios de privación ilégitima de la libertad, violencia y aplicación de tormentos, los federales, Jorge Soza, en seis casos; y Miguel Cancrini, por lo acontecido con Pifarré.

En cuanto a las autoridades del Ejército en Bahía Blanca, miembros del Departamento II de inteligencia del V Cuerpo y del Destacamento 181, que actuaron en forma coordinada, la fiscalía acusó de coautores a Walter Tejada y Norberto Condal, de privación de la libertad en 20 casos y de homicidio calificado con alevosía, a ocho víctimas.

Como partícipes primarios Jorge Granada y Carlos Taffarel; y necesario, Osvaldo Páez. El piloto Juan José Capella, quien tuvo a su cargo los tres vuelos que llevaron a las víctimas desde Neuquén a Bahía Blanca, se lo imputó como partícipe secundario.

PH Oscar Livera
Los imputados

Mañana será la última audiencia de este año y por lo acordado serán las querellas del Ceprodh y la particular de Eduardo París, las que darán sus argumentos. La representación de la APDH anunció que no tiene diferencias con todo lo expresado por la fiscalía en su acusación y que sólo, a pedido de las defensa, detallará calificación y cantidad de hechos que le atribuye a cada acusado.

La duda es si habrá lugar al final de la jornada para las indagatorias a los acusados o éstas, si es que deciden declarar, se pasarán directamente para febrero.

Marcelo Pérez Lizaso para la cobertura colaborativa.

Fotografías de Oscar Livera

JORNADA 2: La historia de las victimas caso por caso

La segunda jornada el séptimo tramo del Juicio La Escuelita VII, en el que se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos en la región por la dictadura de 1976, continuó con la lectura de los casos que serán abordados en este proceso judicial.

El fiscal José Nebbia y la adjunta Jorgelina D’Alessandro expusieron ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, los hechos de 15 de víctimas que serán ventilados en el juicio que inició el pasado miércoles. De ellas nueve aún permanecen desaparecidas.

La fiscalía contó una por una las historias de  Eva Garrido, Nora Rivera, César Giliberto, Raúl González, Eduardo Buamscha, Eduardo París, Dora y Argentina Seguel y Pedro Maidana. Ellos y ellas fueron víctimas de los delitos de “privación ilegítima de la libertad, agravada por haber sido cometida con el empleo de violencia y amenazas, en concurso real con imposición de tormentos, agravados por ser la víctima perseguida política”.

Ph Oscar Livera

José Nebbia 2020

Nebbia y D’Alessandro también detallaron los casos de quienes integran la larga lista de personas desaparecidas de la república Argentina: Mirta Tronelli, Cecilia Lilia Vecchi, Susana Mugica, Alicia Pifarré, Miguel Ángel Pincheira, Carlos Chávez, Arlene Seguel, Jorge Asenjo y Carlos Schedan.

En todos los casos hay hechos similares: fueron detenidos y secuestrados en junio de 1976 por operativos realizados de manera conjunta entre fuerzas de seguridad nacionales y policías provinciales (tanto de Neuquén como de Río Negro); y además fueron trasladados en avión al centro clandestino de detención y tortura La Escuelita de Bahía Blanca.

La mayoría de los secuestros se produjo entre el 10 y el 14 de junio, por operativos  organizados por las fuerzas conjuntas que demostraron altos niveles de organización.

Hubo secuestros en Cinco Saltos, Barda del Medio, Neuquén capital, Zapala y Cutral Có. En esta última ciudad se realizó en junio de 1976 el conocido “operativo Cutral Co”, durante el cual secuestraron a estudiantes y trabajadores que tenían alguna vinculación con el PRT.

Entre las personas detenidas en la comarca petrolera están las tres hermanas Seguel, quienes además fueron sometidas a abusos sexuales; acción criminal que por primera vez en la región se incorpora como delito autónomo de lesa humanidad.

También están las y los jóvenes que integran que grupo de artistas; vinculados entre sí. Es el caso de Mirta Tronelli, amiga de Cecilia Vecchi (otra de las víctimas de este tramo), a quien fueron a buscar a su trabajo en Neuquén el día siguiente a realizar gestiones junto a su papá por Cecilia. Mirta fue vista por última vez en la Escuelita de Bahía Blanca y es por eso que se cree que fue asesinada a los pocos días del traslado al centro clandestino de la localidad bonaerense.

Lo mismo se cree de Carlos Schedan, un joven oriundo de  Tucumán que fue secuestrado junto a su compañera. Pese a que a su familia le informaron que había sido liberado, la hipótesis de la fiscalía es que también fue asesinado en La Escuelita de Bahía Blanca.

Jorge Asenjo fue secuestrado en su domicilio, en Cinco Saltos. Al igual que el resto fue trasladado a Bahía Blanca y ese fue su destino final, según lo que se reconstruyó del resto de los testimonios.

Carlos Cháves fue detenido en Cutral Co. A su compañera le dijeron “a vos te dejamos, olvídate de tu marido” y cumplieron porque Carlos fue visto por última vez en la Escuelita de Bahía Blanca, según el testimonio de sus compañeras, quienes lo reconocieron en el lugar.

Es diferente la historia de Miguel Ángel Pincheira, otra de las víctimas secuestrada en Cutral Co y quien aún permanece desaparecido. A Miguel lo llevaron a casi todos los centros clandestinos y lugares de detención habilitados en la región: fue trasladado a Bahía Blanca, estuvo en la U9 de Neuquén y  en La Escuelita de esta misma ciudad; en la U5 de General Roca y en la U6 de Rawson. Su familia logró verlo tanto en la U9 como en la U5: estaba muy golpeado y su salud deteriorada. Fue asesinado tras su detención en Rawson, al igual que Méndez, Cancio y Seminario. Según la información disponible ellos fueron retirados de sus celdas el 3 de noviembre de 1976 para ser trasladados por Luis Alberto Farías Barrera, quien fue condenado en otros tramos de este juicio y falleció poco tiempo atrás.

Arlene Seguel es la primera de las tres hermanas secuestrada en Cutral Co, en el inicio del operativo de junio del  76, que contó con una enorme organización, logística y coordinación.  Es la única que aún hoy está desaparecida. Sus hermanas la pudieron localizar en La Escuelita de Bahía Blanca. Dora escuchó cuando uno de los guardias decía: “dejala a esa, que la vas a ver por muy poco tiempo acá”.

Dora y Argentina Seguel fueron secuestradas días después. Fueron trasladadas a Bahía Blanca y sufrieron torturas y agresiones sexuales. Estando en ese centro clandestino de detención, el emblemático torturador y represor Santiago Cruciani –conocido como el Tío- le dijo a Dora: “pero estas son unas perejiles; pensamos que habíamos atrapado peces gordos, son unas taradas”. Luego le dijo: “¿tenés novio? Ya te conseguimos uno”.

También cabe señalar que entre los casos mencionados por la fiscalía en el segundo día del séptimo tramo del juicio están los de Raúl González (secuestrado en Zapala) y Eduardo Buamscha, ambos diputados provinciales por el Frejuli hasta 1976.

Tal como ocurrió el primer día, hubo presencia y virtualidad en la participación de las y los actores de este importante juicio para la zona; teniendo en cuenta las medidas restrictivas adoptadas por la pandemia.

 

Ph Oscar Livera

zoom 9/12/2020

Ph Oscar Livera

9/12/2020

 

Virginia Pirola para la Cobertura Colaborativa

Fotografía de Oscar Livera

 

 

Medios alternativos y acompañamiento de familiares

“Nos estamos organizando, venimos cubriendo varios juicios de lesa humanidad con un equipo de trabajo”, dijo Iris Sánchez, fotógrafa, promotora de varias redes sociales donde se informa sobre los juicios de lesa humanidad en la región e integrante de la red de medios alternativos.

Afuera del tribunal, en avenida Argentina 1690 de Neuquén, la radio “El Zumbido” retransmite en directo la acusación de la fiscalía. Varias personas que no pudieron ingresar a la sala por razones de espacio, escucharon desde la sombra de los árboles del bulevar, el resumen de la fiscalía.

Iris detalló que la transmisión en vivo toma el audio de youtube, y por la acreditación que varios de los periodistas colegas de Buenos Aires hicieron en el zoom para autorizados por el Tribunal “cubrimos por streeming” y se replica a través de las redes sociales como Facebook, Instagram o twitter con “todas las noticias del juicio”.

Nerea Monte, abogada de la APDH explicó que “yo escuché mejor desde afuera que aquí mismo en la sala”. Conjeturó: “debe ser por los parlantes.

Escuelita VII 10dic2020 Juicio AMUC FOTO Oscar Livera 020

“Esta instancia es pública, así es que reproducimos desde la calle y por las redes el requerimiento de la acusación”, dijo Nadia Paris, una de las integrantes de la red de medios alternativos. Nadia es sobrina de uno de los querellantes en este juicio, Eduardo Paris.

Agregó que debido a la pandemia y las restricciones para evitar los contagios, la transmisión radial es parte del acompañamiento desde afuera de la sala de audiencias; mientras que después “aunque sea acompañaremos escuchando testimonios de las víctimas luego de que terminen de declarar, para que cuando salgan puedan sentir el acompañamiento aún en este contexto de pandemia”, sostuvo.

ph Oscar Livera

Eduardo Paris 2020

Nadia París dijo sentirse representada en el reclamo de las querellas y de la fiscalía para que también sea pública (transmisión en directo) la etapa testimonial que comenzaría en febrero.

“Esa discusión preliminar que expuso la publicidad de los juicios es un tema que está de arrastre desde el primer tramo y la pandemia reeditó esta intención”, planteó.

Criticó las “chicanas” de las defensas para “tratar de aplazar estos juicios aún más” y ejemplificó que en el caso de su tío, Eduardo Paris, “es tardío, con 13 años de instrucción y los últimos 10 que no se produjo prueba nueva. La sensación es que es tardío pero un espacio de reivindicación, de hechos que cuentan las víctimas como prueba fundamental para juzgar a los genocidas”, sostuvo.

Finalmente indicó que para los familiares de quienes padecieron la persecución y tortura, “esta instancia de juzgamiento tiene incidencia directa en la lucha contra la impunidad”.

Shirley Herreros para la cobertura colaborativa.

Fotografía de Oscar Livera

 

Comenzó en Neuquén el 7mo. juicio por crímenes de la dictadura en Neuquén y Río Negro

A 12 años de la primera sentencia en Neuquén por los crímenes cometidos durante la dictadura d 1976 en la región, comenzó el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad en la sala de audiencias de avenida Argentina al 1600.

El inicio fue polémico y controvertido debido a la presentación de la defensa oficial de varios pedidos para que se suspendiera la jornada.

ph Oscar Livera

Noemi Labrune y Sara Mansilla 2020

Este tramo puso en el banquillo de los acusados no sólo a las jerarquías militares de la región que aún están en condiciones de ser condenados, sino a los máximos jefes militares del V Cuerpo del Ejército que llegaron acusados por los secuestros en Neuquén, Cinco Saltos, Cipolletti, Zapala y Cutral Co; también por las desaparecidas que nunca regresaron del cautiverio en el centro clandestino de Bahía Blanca, que fueron las primeras denuncias públicas sobre desaparecidos en dictadura en Neuquén y Río Negro.

Los diputados del Frente Justicialista de Liberación Nacional (Frejuli) secuestrados ni bien se produjo el golpe cívico militar, las artistas de Neuquén cuyos padres denunciaron en el diario “Rio Negro” que habían sido llevadas por secuestradores, las universitarias y militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que fueron “cazadas” en operativos de inteligencia forman parte de las 20 denuncias.

El juicio comenzó una semana después de lo previsto debido a que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Neuquén esperaba la designación del cuarto juez y a que restaba una definición del Tribunal de Casación sobre  una recusación presentada por la defensa oficial de los militares de Bahía Blanca. La primera jornada estuvo signada por casi tres horas de debate si esta audiencia debía ser nuevamente pospuesta por nuevas presentaciones que hizo el defensor oficial Pablo Repetto.

“Son chicanas jurídicas”, resumió la querellante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) Natalia Hormazábal. La fiscalía se mostró molesta por la búsqueda de una nueva suspensión y el fiscal José Nebbia planteó: “hace 44 años que estamos esperando Justicia, hay una postura inflexible de la defensa de no querer colaborar” y demorar el inicio. Agregó que “estos juicios son históricos, podemos comenzar, estos debates no se hacen para comodidad de las defensas, el resumen de la lectura tiene otro sentido, hay víctimas que esperan hace más de 4 décadas”. Rebatió los argumentos defensistas y sostuvo minuciosamente por qué no había en la síntesis de las tres elevaciones a juicio y las diferentes requisitorias, una búsqueda de soslayar el cumplimiento de la legalidad de la acusación de la apertura.

Los jueces Alejandro Cabral (presidente), Alejandro Silva y Simón Bracco definieron finalmente declarar la apertura, no suspender el debate y dar inicio a la presentación de la acusación contra los 15 acusados, por la fiscalía.

Ph Oscar Livera

Alejandro Cabral 2020

Debido a que el desarrollo del proceso se realizó en medio de la pandemia por coronavirus, en la sala no hubo más de 30 personas con mucho distanciamiento; sólo el juez Cabral estuvo en la sala –el resto de los jueces lo hizo en forma virtual-, mientras que la totalidad de los imputados y de las defensas siguieron el desarrollo de la primera jornada desde una sala de zoom.

La querella del Ceprodh solicitó que se libere la restricción que planteó el tribunal de la transmisión directa del juicio cuando inicie la etapa testimonial. Los defensores apelaron el planteo con la postura de que se afectaría el derecho de defensa y el presidente del tribunal dijo que la decisión se había adoptado en contrario, para evitar la “contaminación” de los dichos de los testigos antes de ir a la audiencia.

Llamativamente la fiscalía insistió y adhirió al planteo del Ceprodh (al igual que lo hicieron la acusación de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y Río Negro y de Virgilio Sánchez, apoderado del denunciante Eduardo París) con el argumento de que la prueba no se podía contaminar a 44 años de producidos los hechos. “Está previsto en el código para juicio de dos o tres días, para que lo que dice un testigo no influya en lo que pueda decir otro. En este caso no hay ningún argumento que viole las garantías constitucionales, estaríamos en un problema si no hubieran hablado en 44 años de cómo sucedió, de cómo lo recuerdan y dónde lo supo; sería cosa de merituar después”, sostuvo Nebbia.

Sin embargo el tribunal sostuvo que daría a conocer su posición luego y que por el momento estaba la decisión tomada de que las testimoniales no serán transmitidas por canales virtuales.

En las puertas de la Asociación Mutual de la Universidad del Comahue (AMUC), las organizaciones de Derechos Humanos, integrantes de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (ATEN), sobrevivientes de la tortura durante la dictadura y familiares de detenidos-desaparecidos, siguieron las instancias de lectura y debate en la sala a través de los parlantes que colocó en el bulevar de la avenida Argentina, la red de medios alternativos de comunicación.

Ph Oscar Livera

9/12/2020 APDH

Shirley Herreros para la cobertura colaborativa

 

 

Se cumplen 35 años de la sentencia a las Juntas Militares

El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal dictó sentencia a las Juntas Militares en la Causa 13 por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura que encabezaron en 1976 y se extendió hasta 1983.

El fallo de la Cámara fue fundacional para llegar 35 años después, también un 9 de diciembre, al inicio del séptimo tramo del juicio “La Escuelita” de Neuquén para juzgar a 15 represores imputados de crímenes de lesa humanidad por 20 víctimas-querellantes, 9 de las cuales permanecen desaparecidas.

En aquel histórico juicio en el que se develaron las atrocidades cometidas durante la vigencia del “Terrorismo de Estado”, se demostró la puesta en marcha de un “Plan Criminal  Sistemático”  aplicado en todo el país con una estructura perfectamente pergeñada desde el poder de facto, ejercido por las Fuerzas Armadas con la participación de Fuerzas de Seguridad Nacionales y Provinciales para su ejecución.

https://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/202004/43479-hoy-se-cumplen-35-anos-del-inicio-del-juicio-a-las-juntas.html

La Causa13 juzgó a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares a partir de 1976: Jorge Rafael Videla (Comandante en Jefe del Ejército entre 1976 y 1978), Emilio Eduardo Massera (Comandante en Jefe de la Armada entre 1976 y 1978) y Orlando Ramón Agosti (Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, entre 1976 y 1978).

Roberto Eduardo Viola (Comandante en Jefe del Ejército, entre 1978 y 1979), Armando Lambruschini (Comandante en Jefe de la Armada, entre 1978 y 1981), Omar Domingo Rubens Graffigna (Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, entre 1978 y 1979), miembros de la segunda junta.

También a quienes formaron parte de la tercera junta: Leopoldo Fortunato Galtieri (Comandante en Jefe del Ejército, entre 1979 y 1982), Jorge Isaac Anaya (Comandante en Jefe de la Armada, entre 1981 y 1982) y Basilio Lami Dozo (Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, entre 1979 y 1982).

Las audiencias orales fueron entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985, con el testimonio de 833 personas entre ex detenidos, familiares de desaparecidos y represores.

Entre el 11 y el 18 de septiembre de 1985, la Fiscalía acusó a los procesados de secuestro, tortura, robo, homicidio, allanamiento ilegal y falsedad documental, todos ellos delitos tipificados por el Código Penal vigente en el marco de la ejecución de un plan sistemático concebido por la más alta jerarquía militar.

El Fiscal Julio César Strassera realizó el alegato final con manifestaciones que aún hoy, a 35 años resuenan en los oídos de millones de argentinos y argentinas: «Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el Pueblo Argentino. Señores jueces: Nunca más».

Entre el 30 de septiembre y el 21 de octubre alegaron las defensas de los jefes militares que insistieron en que se había tratado de una guerra, y que los actos develados debían ser considerados como circunstancias inevitables de toda guerra.

El tribunal integrado por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanian, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D´Alessio dictó sentencia el 9 de diciembre de 1985, fundada en 709 casos presentados durante el juicio.

La sentencia fue leída por León Arslanián en su condición de presidente de la Cámara Federal, que condenó a Videla y Massera a reclusión perpetua; a Agosti a cuatro años y seis meses de prisión; a Viola a diecisiete años de prisión; y a Lambruschini a la pena de ocho años de prisión.

En tanto, Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo fueron absueltos.

La Causa 13 fue posible por la incansable lucha de Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, Organismos de Derechos Humanos y la difusión y trascendencia que alcanzaron, más allá de las fronteras argentinas, los crímenes cometidos por la dictadura, la desaparición de personas, el robo de bebes nacidos en cautiverio, la existencia de Centros Clandestinos de Detención, la aplicación de torturas, violaciones y abusos sexuales a detenidas.

También en ese contexto internacional, fue un golpe para la dictadura el Premio Nobel de la Paz otorgado a Adolfo Pérez Esquivel en el año 1980 por su lucha y denuncias contra los genocidas.

Otro hito que facilitó el juzgamiento de los criminales fue la labor desplegada por la Comisión  Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada por el entonces Presidente Raúl Alfonsín, el 15 de diciembre de 1983, integrada entre otros por el Obispo de Neuquén, Monseñor Jaime Francisco De Nevares.

El informe entregado a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984 fue publicado en formato de libro ese mismo año con el título de “Nunca Más”.

Los procesos judiciales que se multiplicaron a lo largo y ancho de la Argentina, fueron paralizados por las leyes de Punto Final en 1986, Obediencia Debida, en  1987, de Alfonsín, y luego los indultos de Carlos Menem (1990).

A pesar de todo, la marcha de “Memoria, Verdad y Justicia” no pudo detenerse y en 2005 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la leyes de impunidad, se reabrieron las causas por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar, entre ellas las de Río Negro y Neuquén y hoy son más de mil los genocidas condenados en el país.

Fuente: Agencia Nacional de Noticias Jurídicas (Infojus Noticias)

Walter Pérez para la cobertura colaborativa

Jóvenes por la memoria se prepara para el séptimo tramo de «La Escuelita»

La organización compuesta por jóvenes estudiantes, docentes y comunicadores junto con la Asamblea Por los Derechos Humanos, el Grupo de Apoyo a Madres y el Sindicato de Prensa de Neuquén se prepara para el comienzo del séptimo tramo del juicio «La Escuelita» con actividades de difusión.

 

 

Hace unas semanas comenzaron compartiendo videos y afiches en sus redes sociales con información que atañe al proceso judicial que comenzó en 2008 y ahora esta por culminar.

 

Además el 8 de diciembre, previo a la primera audiencia de esta etapa realizaron una intervención callejera para darle visibilidad al proceso donde se juzgaran a 15 represores.

ph Oscar Livera

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Fotografía de Oscar Livera

Las «Escuelitas» del terror

El 9 y 10 de diciembre dará inicio el séptimo tramo del juzgamiento «La Escuelita», que ventilará las denuncias de 20 detenidas y detenidos que fueron secuestrados en la región y llevados, al centro clandestino «La Escuelita» de Bahia Blanca, donde permanecieron desaparecidos.

Fueron transportados a la fuerza en vuelos nocturnos e irregulares que salieron desde el aeropuerto Neuquén, muchas de las jóvenes después de haber pasado por la tortura en Neuquén y en Cutral Co.

15 de agosto 2014

V Cuerpo del Ejército. Centro clandestino de Bahia Blanca. En 2014 los denunciantes realizaron una inspección ocular

Las audiencias se desarrollarán en un contexto de pandemia: para minimizar los riesgos de contagios por coronavirus, habrá poco público en la sala, cupos para el espacio destinado a la prensa y un desarrollo de la virtualidad mayor al que se observó en otros juicios. Los acusados no estarán en la sala, sólo por videoconferencia.

Por primera vez en esta jurisdicción se juzgará (por su responsabilidad en los 20 casos) a los jefes de la represión en el V Cuerpo del Ejército, el comando represivo del que dependía la subzona de Neuquén. Entre los acusados estarán también los jefes del circuito regional de represión, que aunque han sido condenados en otros juicios por más de 80 casos que ya fueron presentados ante los jueces, por primera vez deberán responder por un caso de violación de las que padecían las detenidas – desaparecidas.

También por primera vez, entre los acusados estará el piloto que transportaba desaparecidas y desaparecidos hasta las cuevas del terror en Bahia Blanca.

Desde el Sindicato de Prensa de Neuquén activamos la #CoberturaColaborativa, que desarrollaremos con crónicas de las audiencias y entrevistas periodísticas desde esta plataforma, por el compromiso de Memoria, Verdad y Justicia.

Con más de 100 testigos previstos, el juicio se desarrollará durante varios meses. Las audiencias de diciembre fueron programadas para el 9,10, 16 y 17 y luego se prevé reanudar el cronograma en febrero del 2.021

 

 

Sindicato de Prensa de Neuquén, 2.020

#TenemosQueEstar, el conversatorio.

El 26 de noviembre, con la colaboración de ATEN que puso a disposición la plataforma para el encuentro, se llevó a cabo un conversatorio organizado por Jóvenes por la Memoria y la APDH, con el apoyo del Sindicato de Prensa de Neuquén y el gremio docente.

Se buscó la difusión previa al inicio de las audiencias, que estaban previstas para el 2 y 3 de diciembre y luego se pospusieron hasta el 9 y 10.

Con la coordinación de Walter Pérez y Rocío Morales, se desarrolló con las intervenciones de Shirley Herreros (periodista), Bruno Vadala (abogado de la APDH) y Mónica Belli (Equipo especializado para fortalecer a las personas que declaran).

 

Jóvenes por la Memoria y la APDH, invitan al desafío

LA MEMORIA ES UN ACTO PEDAGÓGICO

Descarga el archivo con la info del 7mo Juicio desde acá:
https://bit.ly/3oAfJ8J

Conoce los detalles sobre el séptimo tramo del Juicio La Escuelita – Neuquén
Apuntes sobre el Juicio, las características de este tramo
#TenemosQueEstar es nuestra responsabilidad histórica

Sindicato de Prensa de Neuquén 2020

#CoberturaColaborativa

La cautela de la APDH

El apoderado de la APDH de Neuquén y Río Negro, Bruno Vadalá, se mostró cauto respecto del fallo que terminó condenando a los ocho imputados en el juicio. En obvia respuesta a un planteo de las defensas en contrario, destacó el valor de que se ratificara que los casos investigados fueron delitos de lesa humanidad.

11 septi 2019

-¿Cuál es su interpretación del fallo?

-Hay que ver los fundamentos, ver por qué decidieron lo que decidieron. Esto fue una primera instancia para conocer los montos de las penas, pero para conocer el por qué hay que ver los fundamentos.

-¿Decepcionado?

-No, pero hay que ver los fundamentos. Hay que hacer un análisis más completo, más detenido, máxime teniendo en cuenta que ha habido estos días sentencias que han absuelto a personas que habían sido imputadas por delitos de lesa humanidad y acá en esta jurisdicción hemos escuchado que todos los casos que se debatieron en este juicio fueron de lesa humanidad. Eso es importante destacarlo.

-¿Lo dice porque se intentó rebatir eso?

-Porque se intentó por un argumento de la defensa, que me parece llamativo porque es el sexto juicio, pero lo intentaron. Me parece positivo que se fallara que todos los casos fueron de lesa humanidad.

-¿Qué opina del monto de las penas?

-Puede haber decepción, pero el monto de la pena es otro análisis. Son todas penas bajas y en principio no concuerdan con lo que hemos pedido, pero para ver el por qué de esos montos hay que ver los fundamentos y cómo entendieron los jueces los casos.

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Néstor Mathus/ #CobertuaColaborativa SPN

PH Oscar Livera

 

“La justicia tiene una deuda con la sociedad”

El veredicto reveló que la sentencia tuvo opiniones divididas en algunos aspectos, como el sobreseimiento de algunos imputados. Tras la lectura de las condenas, el juez Alejandro Cabral dialogó con la prensa. 

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Fue el juez Alejandro Cabral el que emitió el primer voto del fallo que compartió con Orlando Coscia y Alejandro Silva.

-¿Cuál es la evaluación en su primera participación en un juicio por delitos de lesa humanidad, al incorporarse al Tribunal Oral Federal?, se le planteó.

-“Fue una experiencia muy importante. Lo fundamental es escuchar de cada una de la víctimas lo que les pasó. Es sumamente importante para poder entender todo el contexto histórico y lo que se vivió acá en la época del proceso. Todo lo que sucedió acá fue realmente una locura y nunca más puede suceder eso.

-Una madre le reclamó justicia al tribunal ¿cómo le impresionó?

-Me impresionó bien y es verdad que la justicia debe cambiar. Debe acelerar los procesos, ser mucho más ágil e intentar solucionar todo este tipo de causas rápida y eficazmente. Creo que es una deuda que tiene la justicia con toda la sociedad.

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-Hubo votos en disidencia, ¿se puede saber algo más?

-Yo soy minoría respecto de (la condena a) Sacchitella. Entendí que no estaba acreditado que él hubiera aplicado tormentos, sí de la privación ilegítima de la libertad, eso es unánime. A mi criterio en el caso de Benavídez no estaba acreditada su participación en el hecho Herman, entendí que era insuficiente la prueba del viaje”.

 

Néstor Mathus / #CoberturaColaborativa del SPN

Para el Ceprodh fue una sentencia «agraviante»

Las querellantes del Ceprodh apelarán en cuanto conozcan los fundamentos

 

Para la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), el veredicto del sexto juicio “La Escuelita” fue “agraviante”.

En clara disconformidad, las abogadas Natalia Hormazábal y Mariana Derni consideraron que los jueces “no atendieron toda la prueba de cómo fueron los hechos”.

“Creemos que fue un veredicto esperable en el marco de la situación nacional, a tono con los últimos fallos de Bahía Blanca y del que absolvió a Milani”, dijo la abogada Hormazábal.

“No nos conforma y sin dudas iremos en casación”, dijo y agregó que la ejecución condicional de la pena impuesta al suboficial de inteligencia Carlos Benavídez “es agraviante, es desconocer la participación concreta que tuvo” en el secuestro de Juan Herman, el estudiante de Bariloche desaparecido después de que lo sacaran de su casa en julio de 1977. “Es una sentencia agraviante”, reafirmaron las querellantes.

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Shirley Herreros #CoberturaColaborativa SPN

PH Oscar Livera

 

La fiscalia insatisfecha con las penas

Apelarán cuando se conozcan los fundamentos

Para el fiscal general Miguel Ángel Palazzani la sentencia logró establecer las responsabilidades penales que había exigido la fiscalía. Al igual que el resto de los acusadores, el fiscal dijo que esperará a conocer los fundamentos del veredicto para impugnar las penas, ya que las consideró bajas.

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“Hago la diferencia entre las responsabilidades penales, se establecieron condenas para todos a pesar de que los montos punitivos difirieron bastante de lo que pedimos. Fue importante en la construcción de cómo ocurrieron los hechos: decir que Benavídez es partícipe secundario no es poca cosa, significa que tuvo un aporte en el secuestro de Herman”, destacó.

Indicó que “nos falta conocer qué se dijo, pero que inteligencia fue un engranaje fundamental y que tuvo un rol en el secuestro de Herman, está establecido”, aseguró.

Palazzani adelantó que el séptimo juicio está avanzado para culminar con los tramos aún en deuda de las denuncias de víctimas de la dictadura. Sostuvo que el tribunal debería convocar al juicio “en un plazo no muy largo” porque hasta se avanzó con la audiencia preliminar. “Si fuese este año estamos preparados”, advirtió.

Para el esperado juicio de las detenidas-desaparecidas universitarias y del grupo de militantes, artistas y estudiantes que fueron trasladados desde Neuquén hasta el centro clandestino de Bahía Blanca ya fue fijado el tribunal, que estará integrado por Alejandro Cabral, Alejandro Silva y Simón Pedro Bracco.

Palazzani indicó que el veredicto ratificó “la asociación ilícita para Castelli y anticipó que para Sachitella «vamos a pedir penas más altas porque entendemos que le corresponden segmentos de pena más graves. Surge del veredicto que Inteligencia manejaba todo lo que había en la zona, desde Bariloche a Roca, como un nervio único que inclusive quedó de manifiesto en que prefectura y la armada tenían información de inteligencia sobre víctimas que padecieron persecución en San Martín de los Andes”.

 

Shirley Herreros #CoberturaColaborativa del SPN

PH Oscar Livera

Penas bajas para los ocho ex militares juzgados

Audiencia de lectura del Veredicto

Con gran celeridad, sin preámbulos y de forma casi automática, el juez Alejandro Cabral leyó el fallo que especificaba la condena para cada uno de los ocho represores acusados en este proceso.

Oscar Reinhold, recibió 11 años de prisión efectiva; Juan José Castelli, 11 años de prisión; Sergio San Martín, 7 años; Jorge Molina Ezcurra , 6 años; Marcelo Fernando Zárraga, 5 años; Emilio Sacchitella, 4 años; y Carlos Benavídez, 3 años de ejecución condicional.

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Fueron juzgados por delitos de lesa humanidad contra diez víctimas cometidos en Neuquén capital, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Bariloche. Estos hechos ocurrieron entre 1976 y 1980, durante la última dictadura cívico-militar.

Las defensas de los ocho ex jefes militares y de inteligencia habían pedido la absolución de los acusados. Por otra parte, cuatro de ellos reivindicaron la “legalidad” de los procesos que desarrollaron durante la dictadura en las audiencias de las últimas palabras.

 

Jovenes por la Memoria 22 de julio

Ni los acusados, ni los defensores asistieron a la lectura del veredicto

 

Las personas que sufrieron tormentos, torturas y persecución son: María Teresa Oliva, quien trabajaba en la Legislatura provincial; María Parente, trabajadora del área prensa de la Universidad Nacional del Comahue; Juan Marcos Herman, estudiante que continúa desaparecido; Oscar Olivera, ex concejal de la ciudad de Fisque Menuco (General Roca); María del Luján Gómez; Fernando Ubaldini; Ernesto Sifredi; y Oscar Escobar.

 

En menos de treinta minutos, Cabral había terminado su trámite al igual que Orlando Coscia y Alejandro Silva, los otros dos jueces que integran el Tribunal Federal Oral 1 de Neuquén. Con la misma prisa con que se leyó el fallo, los magistrados se encaminaban hacia la salida cuando que Inés Ragni, Madre de Plaza de Mayo Filial Alto Valle, también hizo gala de su velocidad de movimientos para erguirse de su asiento en la primera fila del público.

Inés Ragni con un claro reclamo de Justicia, al término de la lectura del veredicto

Inés Ragni con un claro reclamo de Justicia, al término de la lectura del veredicto

 

Impulsada por su incansable espíritu de lucha, esa señora nonagenaria increpó a viva voz a dos de los tres jueces, que escucharon sus palabras. “Quiero decirles que a este tribunal le ha tocado defender los Derechos Humanos en la provincia de los Derechos Humanos, quiero decirles que nuestro director de Derechos Humanos Jaime de Nevares dijo: ‘si querés la paz para tu patria tenés que pedir verdad memoria y justicia?, y todavía, señores jueces, las madres de Neuquén y Alto Valle no sabemos qué es lo que ha pasado con nuestros hijos”, dijo y recordó a las madres que ya no están y que se fueron sin saber qué ocurrió con sus hijos.

Por su parte, Lolín Rigoni expresó el deseo de “creer en el Poder Judicial cuando sea independiente, ágil y humano”.

Caras adustas durante la lectura el 11 de septiembre de 2019

Caras adustas durante la lectura el 11 de septiembre de 2019

Hubo un descontento generalizado por parte de las familias de las víctimas y también entre las organizaciones de derechos humanos, ya que el fallo, que no fue unánime, estuvo lejos del pedido de la querella y de la fiscalía.

Este fue el primer fallo de que no tiene sentencia unánime de los seis procesos judiciales desarrollados en la región por delitos de lesa humanidad.

Culminada la lectura del fallo, las querellas y los fiscales expresaron a la prensa su disconformidad en relación a las penas, ya que no se ajustaron a lo solicitado. De esta forma, esperan que se publiquen los fundamentos para realizar un análisis más exhaustivo y hacer las presentaciones de recursos que crean correspondientes.

 

Esteban Idiarte. Jóvenes por la Memoria  #Cobertura Colaborativa SPN

PH Oscar Livera /Jovenes por la Memoria

 

Hoy el veredicto de «La Escuelita» VI

Miércoles 11 de septiembre, a las 800, el veredicto

018 Escuelita VI SPN 10junio2019 FOTO Oscar Livera

El tribunal está está compuesto por Orlando Coscia -presidente- Alejandro Cabral y Alejandro Silva.

016 Escuelita VI SPN 10junio2019 TOF Coscia-Cabral-Silva FOTO Oscar Livera

 

La fiscalía la ejerce Miguel Angel Palazzani junto con la fiscal adjunta Jorgelina D Alessandro. Las querellas están representadas por Natalia Hormazábal y Mariana Derni (Ceprodh) y Bruno Vadalá (APDH)
006 Escuelita VI SPN 10junio2019 FOTO Oscar Livera

008 Escuelita VI SPN 10junio2019 FOTO Oscar Livera

Gabriela Labat y Pedro Pugliese son los defensores oficiales de los imputados militares y del gendarme.

012 Escuelita VI SPN 10junio2019 FOTO Oscar Livera

Están procesados por torturas y privación ilegítima de la libertad agravada por su condición de presos políticos los militares Néstor Castelli, Fernando Zárraga, Oscar Lorenzo Reinhold, Jorge Molina Ezcurra, Jorge Di Pasquale, Sergio San Martín, Carlos Benavídez y el comandante de gendarmería Emilio Sachitella.

El juicio comenzó el 10 de junio de 2019 y el 3 de agosto, con las indagatorias, se declaró finalizado el debate.

#CoberturaColaborativa del Sindicato de Prensa de Neuquén

 

“Pensé que me iban a matar”

La psicóloga Graciela Vicente vivió un calvario los siete días que la mantuvieron secuestrada en la comisaría de San Martín de los Andes y en el escuadrón Junín de los Andes de Gendarmería Nacional. Encadenada a un camastro y vendada sufrió tormentos físicos y psicológicos que la pusieron al límite de su resistencia.

“Mi estado era de pánico, me acusaban de terrorista, me decían que en mi casa habían encontrado panfletos subversivos y cocaína, y era una absoluta mentira”, relató la mujer. Cuatro meses antes había llegado a San Martín de los Andes desde la Capital Federal y ejercía su profesión en los hospitales de esa ciudad y la cercana Junín de los Andes.

En la detención identificó al gendarme Jorge Emilio Sacchitella, coincidiendo con otros de los detenidos y secuestrados en esos días. Puntualmente relató que fue presa junto al matrimonio que integraban la docente María Luján Gómez y el agrimensor Osvaldo Ubaldini, con quienes realizaban actividades laborales.

“Nos atendió Sacchitella en San Martín y de ahí nos llevaron, esposados, a Junín. Nos insultaban y nos acusaban de guerrilleros y yo nada que ver con eso. Ahí me dio un ataque de nervios porque pensé que nos iban a matar. Los compañeros lograron calmarme”, añadió.

Tenía 25 años cuando soportó esa situación que la marcó para el resto de su vida. “Me sacaban fotos de frente, de perfil, como si fuera una delincuente. Me interrogaban todos los días. Eran tres, a los que no pude identificar. Me preguntaban varias veces lo mismo, para confundirme. Querían que los les dijera que Gómez y Ubaldini eran peligrosos y que si lo decía yo obtenía algún beneficio. Pero yo no podía decirlo porque sabía no eran subversivos, así que no dije nada”, señaló quebrada por el dolor al revivir el horror que debió afrontar.

Agregó que además de Sacchitella también reconoció al coronel Cabrera como integrante de la patota que la secuestró. Mencionó que durante la detención fue revisada por el doctor de Gendarmería, Luis Arrué.

La incertidumbre dominó sus ánimos porque en un momento alcanzó a ver en Junín a “Fito” Gómez y Cristian Varela, que en ese momento era su novio.

Finalmente, sin que le dieron ninguna razón por la que la habían detenido, la liberaron. Como habían venido sus padres a buscarla, por iniciativa de su progenitor fueron a Gendarmería a pedir explicaciones de por qué había sido víctima de las torturas. “Pero nos trataron muy mal, a mi padre le dijeron que quién era él para pedir explicaciones y ordenaron que nos retiráramos”, dijo.

Dijo que supo que el matrimonio Ubaldini-Gómez no tuvo la suerte de ella y que los habían trasladado a Neuquén. Posteriormente se enteró que debieron exiliarse en México.

Con la recuperación de la democracia regresó a San Martín de los Andes en 1983, donde reside hasta ahora. “Agradezco mucho esta oportunidad de poder contar lo que pasó y por el respeto que se me brindó. Esto tiene un gran valor para todos los ciudadanos”, le dijo la mujer a los jueces al cerrar su testimonio.

Néstor Mathus #CoberturaColaborativa

Sindicato de Prensa de Neuquén

“Justicia, por los que fueron avasallados sin motivo”

«La cuidé porque creí que nadie podía negarse en una situación así”, dijo Alda Muñoz cuando los jueces le preguntaron qué la llevó a hacerse cargo de Marina Ubaldini, la beba de de seis meses hija de María de Luján Gómez y Eduardo Fernando Ubaldini durante los días que estos estuvieron detenidos en Gendarmería Nacional de San Martín de los Andes, tras un operativo que comandó el entonces coronel de esa fuerza Jorge Eduardo Sacchitella.

Alda declaró por video conferencia desde una sede judicial en San Martín de los Andes.

Alda dijo no recordar siquiera quién le entregó la beba, pero Rodolfo Pedro Gómez, hermano de María de Luján, declaró que fue él quien le pidió a la mujer que contuviera a la niña. Conocía a los Ubaldini porque junto con otras personas integraban un grupo de teatro.

“En el 76 todos estábamos preocupados por la situación de los detenidos por causas que nunca conocíamos. Nunca vi a Eduardo y María haciendo algo que me sorprendiera. Fueron momentos muy difíciles y todos sabemos lo que pasó”, relató.

Contó que vivía a dos cuadras de Gendarmería, que en ese momento tenía dos hijas pequeñas y que fue muy emotivo cuando liberaron a Eduardo y María, quienes quedaron muy atemorizados luego de la detención, y pudieron reecontrarse con la bebé. “Eduardo estaba muy delgado, venían amigos a saludarlos. Se fueron a México porque estaban arriesgando demasiado por nada. Fue muy feo para ellos ese desarraigo”, indicó.

“Quisiera que esto se termine bien. Que haya justicia por los que fueron avasallados en su momento sin tener ningún motivo para ese sufrimiento”, concluyó no sin antes destacar que si no recuerda nombres y episodios puntuales puede deberse a que en “situaciones muy fuertes uno se bloquea».

Nestor R.Mathus/ #CoberturaColaborativa del SPN

“Esta gente actuó con sadismo”

Oscar Rodolfo Escobar era un joven empleado municipal de Bariloche de 23 años cuando, según declaró ante los jueces, comenzó a sufrir persecución por su pertenencia al sindicato y fue acusado de integrar células extremistas. Fue ilegalmente detenido, esposado y vendado lo alojaron en la Escuela de Instrucción Andina (EIA) donde sufrió todo tipo de vejaciones, desde pasar hambre y frío, ser severamente golpeado hasta perder el conocimiento hasta convertirse en blanco de un simulacro de fusilamiento.

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En este juicio fue convocado por la detención que tuvo el 8 de octubre de 1976, por orden de los entonces director y subdirector de la EIA, Néstor Rubén Castelli y Carlos Rito Burgoa (fallecido), respectivamente, pero se explayó por un proceso que se había iniciado el año anterior en el que responsabilizó, además de Castelli y Burgoa, a Fernando Zárraga, por los tormentos sufridos y su obligada salida del país como única manera de evitar ser eliminado.

“Mis hechos arrancan el 21 de agosto de 1975 cuando el diario Río Negro publicó los concursos -uno de los cuales se adjudicó- para jefes de secciones en el municipio. Para ese entonces el personal ya estaba siendo seguido para terminar llevándonos al desastre que luego vimos que ocurrió”, dijo.

Relató que “tras el golpe se presentaron en el municipio Castelli, Zárraga, Burgoa y otros y nos dijeron que venían a imponer el orden, que la democracia iba a volver. Vinieron vestidos con cascos con ramas en la cabeza, granadas colgando… Ahí comenzó una persecución implacable”.

Señaló que en la primera de las detenciones lo tomaron en la vía pública tres hombres de civil, a cara de descubierta. Le dijeron que eran de la Policía Federal y creyó reconocer a un oficial de apellido Valdivia que días antes estuvo parado frente a su casa.

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En esa ocasión lo llevaron a que declarara ante Castelli, le dijeron que en un allanamiento en una casa de Vaca Narvaja, en Córdoba, encontraron su teléfono. Le dijeron“mirá hijo de puta, sabés muy bien por qué estás acá” y como negó esas imputaciones lo golpearon hasta desmayarlo. “Esa gente actuó con sadismo. Fue muy duro. En un informe decían que yo era subersivo y por ello me echarían del municipio. Después de las vejaciones y torturas me fueron a buscar al calabozo y me dijeron que como no había querido declarar y renunciar me iban a ejecutar”.

Comentó que “en un Falcon verde me sacaron de la EIA, fueron al kilómetro 21 hacia el descampado de la ciudad y me dijeron ‘arrodillate y rezá’. Sentí cuando el hombre montó la pistola, la puso al lado del oído y disparó. Quedé sordo tres días y después con una lesión para siempre”.

 

Néstor Mathus/ #CoberturaColaborativa del SPN

PH Shirley Herreros

Los médicos de poca memoria

El martes 30 de julio, a través de videoconferencia desde San Martín de los Andes, prestaron testimonio dos de los médicos que atendieron al matrimonio Ubaldini-Gómez durante una de sus detenciones.

Eduardo Ubaldini y María del Luján Gómez sufrieron cuatro detenciones desde que comenzó la dictadura el 24 de marzo de 1976. La más intensa, tanto por los tormentos como por la duración, fue la de 1978. En esa oportunidad fueron inspeccionados por dos médicos. El primero en declarar fue Norberto Stocchetti, quien era parte del Plan de Salud Rural y que trabajó para gendarmería por 25 años desde 1977.

Stochetti comentó que una de sus obligaciones en ese trabajo era acercarse a ver a las personas detenidas. Aseguró no acordarse del matrimonio más que como vecinos y que no era habitual ver personas detenidas. Respecto al acusado Jorge Emilio Sacchitella, aseveró conocerlo como su jefe.

Seguidamente declaró Luis Willy Arrué, médico jubilado que llegó a Junín de los Andes en 1975 para trabajar en el sistema público de salud. Arrué había declarado anteriormente en el juicio “La Escuelita II” en 2012, donde indicó que era común ver detenidos y, al igual que en este tramo del juicio, reconoció que conocía a Sacchitella no solo por su rol en las fuerzas armadas sino porque también habían sido compañeros de escuela en Goya, Corrientes. En aquella oportunidad había sido convocado por la defensa y ante las preguntas de la querella recordó la detención del matrimonio en 1978.

Daniel Font Thomas

Por sistema de video, los médicos de gendarmería que declararon desde San Martín de los Andes

Relató también que por aquellos días si bien no trabajaba para el ejército,  fue convocado en esa oportunidad por la institución, con Sacchitella al mando. Allí conoció a la pareja de detenidos y lo que más llamó su atención fue el estado de inquietud que tenían. Lo único que hizo fue recomendar, a través de un informe, especial atención para Eduardo Ubaldini ya que tenía alguna dificultad respiratoria. Agregó que años más tarde supo del exilio en México de la pareja porque su hija se hizo amiga de Marina, la hija menor del matrimonio, quien además fue denunciante, víctima y testigo en este juicio.

Malena Arias Kraemer/ #CoberturaColaborativa del SPN

PH Daniel Font Thomas

 

“Hay que cerrar las causas pronto, sin revanchas pero con justicia”

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El secuestro del corresponsal del diario Clarín en Neuquén, Enrique Jorge Esteban, la madrugada del 23 de julio de 1978, generó una reacción de los periodistas y reporteros gráficos de la zona que a 41 años del suceso es considerada determinante para que, tres meses después de su cautiverio en la clandestinidad y tras ser cometido a crueles tormentos, recuperara la libertad.

No menos clave resultó el rol de los directivos del matutino porteño y -en la región- del diario “Río Negro” en su respaldo a la labor de los hombres de prensa, publicando las notas sobre ese y otros secuestros y desapariciones de docentes, universitarios, artistas, políticos y gremialistas, y luego apoyándolos en su salida al exilio como último recurso de salvar sus vidas ante las amenazas de muerte.

Ricardo Héctor Villar, por su labor en esa época y haber cubierto los hechos en medios de Viedma, Cipolletti y Neuquén fue partícipe protagónico de los episodios y, como ya lo habían hecho Osvaldo Eduardo Ortiz y José María Delloro en días previos, dio su testimonio a los jueces.

“Yo me subí a la búsqueda del ‘Gordo’ cuando las gestiones ya habían comenzado para saber su paradero. Ese fue un gesto de gran valentía y de solidaridad para con su familia. Me quedó la experiencia de una singular valoración de aquellos periodistas que se movilizaron en medio de un clima que era de mucho miedo”, relató.

Como muestra del terror que la dictadura había impuesto en la sociedad, desplegando acciones para atemorizar y someterla en todos los ámbitos de la vida cotidiana, Villar recordó el caso de la detención ilegal y posteriores tormentos que sufrió el dirigente cooperativista de Cipolletti José Luis Albanessi, hasta provocarle la muerte en el centro clandestino de detención La Escuelita de la ruta 22, en Neuquén Capital. Ello se probó y consecuentemente se condenó a los responsables en el juicio desarrollado en 2012.

“El Comando del Ejército emitió dos comunicados. En el primero informaban que lo habían detenido por ser sospechoso de los incendios que habían ocurrido en la cooperativa La Colmena y destacaban que al ser revisado por los médicos estaba en óptimas condiciones. Tres días después emitieron otro comunicando su fallecimiento y que este había sido producto de un infarto”, detalló.

Villar, que en ese momento se desempeñaba como jefe de noticias de Radio LU 19, señaló que la torpeza de las autoridades militares era tan evidente que difundían, a la vez, los dos comunicados.

“A pesar del riesgo que significaba buscábamos la forma de difundir lo que estaba pasando y avanzar en la investigación de la muerte del dirigente ‘gambeteando’ la censura. Cabe destacar que lo hacíamos con el total respaldo de los dueños de la radio. Pero, como evidencia del temor que se vivía, fue la propia familia la que pidió que no se continuara por seguridad del resto del grupo familiar”, recordó.

Indicó que no sólo era una sensación el clima de terror que dominaba en la sociedad o las presiones a la prensa, en particular en los años 78, 79 y 80. Precisó que en 1979 Julio Alberto “Beby” Salto, Enrique Esteban y él recibieron llamadas advirtiéndoles que si no se iban del país los iban a matar.

“Esteban se pudo ir (con su familia Clarín lo llevó a Francia) y ‘Beby’ y su esposa también salieron, a España”, dijo.

Añadió que “Julio Rajneri -director y dueño del diario Río Negro-, tuvo un gran gesto. Nos llamó a ‘Beby’ y a mí y nos dijo:’les ofrezco que se vayan al país que ustedes prefieran. Les ofrezco España, porque ahí tengo familiares y podrán ayudarlos. Les doy los pasajes y los gastos para que se mantengan, después vemos como seguimos’”.

“Yo me quedé, fue una decisión difícil. Puedo decir muchas cosas, pero no que no tenía miedo, porque había mucho miedo y el miedo paraliza”, sostuvo.

El por qué de la decisión Villar la fundamentó en que en 1975 se había ido, en parte por la inseguridad que había en el país, a trabajar a Venezuela adonde le iba muy bien, pero después de unos meses regresó. “Opté por quedarme, elegí quedarme aunque podían matarme de un tiro y, en todo caso, moriría acá y no por el desarraigo”, sostuvo.

A raíz de ello pidió entrevistarse con el coronel Oscar Lorenzo Reinhold para que, como jefe de Inteligencia y autoridad en la ciudad, ante las amenazas que había recibido, le diera seguridad. Lo recibió en la sede militar de Sargento Cabral e Irigoyen.

“Fue grotesco, no me hizo sentar y ante el pedido de seguridad me dijo ‘en este país nadie está seguro, ni nosotros’ y empezó a darme recomendaciones insólitas, fue una tomada de pelo. Que durmiera en distintos lados, que tomara distintos colectivos, que me cruzara de vereda cuando caminaba…”, comentó.

El encuentro no duró mucho. “Le pedí que todo lo que me estaba diciendo se reflejara en un acta. ‘¿Acta? ¿Qué es eso de un acta? ¡Se va inmediatamente de acá!’, me dijo y me fui más asustado de cuando entré”, remarcó.

 

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Villar tuvo palabras de reconocimiento para los dirigentes de las organizaciones de derechos humanos, víctimas y familiares de las víctimas de la dictadura, al tiempo que reflexionó sobre la necesidad de que se profundicen los estudios sobre el fenómeno del terrorismo de estado que signó a la Argentina y sus consecuencias.

A los jueces les reclamó celeridad en la resolución de la causas. Que la causa Reinhold, por ejemplo, no se cierre porque se murió sino porque se completó el juicio, haya sido juzgado y sentenciado: “Sin revanchas pero con justicia”, remarcó Villar.

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Néstor Mathus

#CoberturaColaorativa SPN

 

“Nos quieren joder”

Eduardo Ubaldini y María del Luján Gómez fueron los principales testigos durante la audiencia del lunes 12 de agosto. Ante los jueces del tribunal relataron los tormentos que sufrieron como víctimas de secuestros y persecución en San Martín de los Andes, entre 1976 y 1980.

La pareja buceó en sus recuerdos para describir los padecimientos atravesados durante la última dictadura militar. Ubaldini y Gómez relataron en primera persona esos oscuros años. La hija de ambos, Marina Ubaldini, ya había narrado las historias que había mamado de su familia desde pequeña en las primeras jornadas de este juicio.

Eduardo se desempeñaba como agrimensor y cuando fue estudiante había militado en el Partido Comunista. Cuando arribó a San Martín de los Andes, en 1965, continuó con su actividad política pero desistió un año después al notar que le impedía conseguir trabajo en una comunidad que lo estigmatizaba por ello.

María, por su parte, llegó a la localidad en 1969 con su primer esposo. Allí tuvieron dos hijos varones, Juan Sebastián y Luciano, y en 1973 se divorciaron. Al año siguiente conoció a Eduardo, con quien se casó y formó familia. Ella era maestra y provenía de una familia en la que se respiraba el arte, ya que su papá era escultor y cineasta. Además, María se destacaba en las peñas tocando la guitarra. “

Nuestra vida era bohemia en comparación con la de la familia promedio de San Martín de los Andes”, analiza en retrospectiva.“Crecí en la casa de un artista, me había divorciado y después casada con ‘el comunista’ y, por esas cosas, aquella comunidad tradicionalista y reaccionaria nos prejuzgaba y nos demonizaba”, sentenció.

Una vez consumado el golpe de estado en 1976, su familia fue una de las primeras en ser perseguida por las fuerzas militares. Sufrieron cuatro privaciones ilegítimas de libertad: dos de ellas durante la primera semana del gobierno dictatorial; la tercera mientras se desarrolló el Mundial de Fútbol en 1978, que fue la más grave ya que Marina tenía cinco meses y tuvo que quedar al cuidado de Alda Muñoz, conocida de la familia, durante los más de veinte días que estuvieron en cautiverio; y la última cuando Jorge Videla visitó San Martín de los Andes, en 1979.

“En la madrugada del 24 de marzo llegaron a casa para buscarme”, recuerda María. Sus hijos quedaron al cuidado de la empleada doméstica y a ella la llevaron a la Comisaría 23. A Eduardo lo detuvieron a las 9 de ese día mientras estaba trabajando con su cuñado en Junín de los Andes. Lo trasladaron hasta la misma comisaría en que estaba su esposa y donde en total había diez personas que habían sido detenidas durante esas primeras horas. Tras pasar dos días encerrados y sin recibir ninguna explicación, fueron liberados.

Luego de 48 horas, las fuerzas armadas los detuvieron por segunda ocasión. “Evidentemente era una persecución”, infiere Eduardo al rememorar esos turbulentos días y detalla: “tampoco nos explicaron nada esa segunda vez. Queríamos saber por qué estábamos detenidos y por eso hicimos una huelga de hambre”. A causa de esa medida, un oficial de alto rango se presentó en la comisaría y luego de cinco días fueron puestos en libertad.

En 1977 sufrieron un allanamiento por parte de Gendarmería en el que incautaron libros, discos y algunas armas de caza heredadas del abuelo de Eduardo.

La pareja coincide en catalogar la detención de 1978 como “la peor” de esos años. Es que fueron acusados de haber realizado un boicot al inicio de la transmisión del Mundial de Fútbol en esa región, cuando en realidad se había tratado de un desperfecto en el sistema eléctrico cordillerano. Marina, nacida el 14 de enero, tenía apenas cinco meses cuando esto sucedió.

Jorge Sacchitella, ex comandante de Gendarmería de Junín de los Andes, encabezaba el operativo que allanó la vivienda de la familia y que le “plantó” panfletos en el dormitorio. “Nos quieren joder”, cuenta Eduardo que gritaba cuando detectó la artimaña. En esa tercera detención atravesaron diferentes etapas: unos cinco días encerrados en el establecimiento de Gendarmería de San Martín de los Andes, una noche esposados a las camas de Gendarmería en Junín de los Andes y finalmente en la U9 en Neuquén capital, donde estuvieron alrededor de veinte días.

Eduardo recuerda con angustia ese último período: “yo estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que era casi como estar muerto porque en cualquier momento me iban a matar”. Durante el tiempo en que estuvieron en cautiverio Marina estuvo al cuidado Alda Muñoz, una conocida de la familia.

Vivieron un cierto período de paz hasta que una vez más fueron privados ilegalmente de la libertad en 1979, con motivo de la llegada del entonces presidente Jorge Videla. Ambos, junto a otras personas, fueron encerrados en Gendarmería de San Martín de los Andes por un par de días y sin obtener explicaciones.

A las continuas detenciones que sufrían, se le sumaba el cerco laboral que el gobierno dictatorial ejercía sobre ellos. “En 1979 consigo trabajar en una suplencia” consignó María y añadió: “en 1980, logro un interinato en marzo pero 15 días después me llega un telegrama de despido, porque ahí iban hijos y nietos de gendarmes, entre ellos Sacchitella”.

Eduardo había obtenido el concurso para trabajar en la cooperativa de viviendas del ejército pero solo le abonaron un adelanto y nunca le completaron el pago. María expresó que vivían “una situación horrible de exclusión” y remarcó que “la persecución implacable” los obligó a decidir irse al exilio a fines de 1980, con destino a México.

“Nos indujeron a ejercer una vida nefasta. Nos perseguían. A un socio mío lo obligaron a dejar de trabajar conmigo porque lo amenazaron con quitarle el trabajo”, comentó Eduardo y puntualizó: “hoy quería hablarles de mi vida y de lo que me hicieron; me quitaron todos mis derechos pero no me mataron, fue una cuasi muerte civil. Me presionaron hasta exiliarme y me robaron 37 años de patria. Además estoy con deterioro emocional porque tengo una familia que está fragmentada en varios países: Argentina, México y Canadá”.

“El exilio nunca termina, es continuo. Además, es algo que te transforma, que deja las vidas deshechas, familias desperdigadas”, concluyó María.

 

 

Esteban Idiarte #CoberturaColaborativa

Sindicato de Prensa de Neuquén

“Si yo estoy acá es porque Juan no está”

Miguel Ángel D´Agostino fue la última persona que vio con vida a Juan Marcos Herman.

Fue en 1977 en el centro clandestino Club Atlético, en la ciudad de Buenos Aires. Su testimonio reveló datos importantes sobre el derrotero que sufrió Herman desde su detención en Bariloche.

Flor Salto

 

Con un sistemático ejercicio de la memoria, D’Agostino comentó detalles sobre los casi 30 días de cautiverio que compartió con Herman. Su testimonio fue el último acerca del caso del barilochense y permitió conocer cómo fueron los días posteriores al secuestro.

D’Agostino fue detenido y secuestrado por un grupo de tareas la madrugada del sábado 2 de julio de 1977. Lo mantuvieron prisionero durante 91 días en el centro clandestino de detención y exterminio conocido como Club Atlético. Se trataba de las instalaciones del Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de la División Administrativa de la Policía Federal. Allí estuvo en soledad encerrado en uno de los tantos “tubos” del subsuelo hasta el 18 de julio -estimativamente- cuando ingresaron a Juan Herman.

 

Florencia Salto

 

Cerca de un mes convivieron ambos en un habitáculo de 1,60 de ancho por 1,80 metros de largo y unos tres metros de alto. En ese diminuto espacio carecían de luz natural y artificial, permanecían ahí prácticamente todo el día y tenían prohibido hablar. Se comunicaban mediante susurros, luego de superada la mutua desconfianza inicial.

De aquellas horas, Miguel rememoró las charlas en las que Juan le hablaba de su familia, de sus experiencias y vivencias en la Patagonia, de sus gustos por las comidas que les ayudaban a olvidar la tortura alimenticia que allí sufrían. Sin embargo, aclaró que no hablaban de militancia política para que no los forzaran a dar información durante alguna tortura.

Además, le contó que fue trasladado encapuchado y esposado hasta allí en avión, con  dos escalas en lugares que desconocía. “Al no ver nada, no supo identificar si era un avión civil o militar, ni tampoco cuántas personas iban pero sí contaba que le hacían el chiste de que lo iban a arrojar al vacío”, acotó. Añadió que Juan no sabía a qué lugar lo habían llevado pero sí tenía certeza que antes de subirlo al avión lo habían retenido en un chalet en una zona cercana a Bariloche.

Tras un incesante buceo en su memoria, Miguel fue aportando otros detalles acerca de Juan, como la conformación de su familia y las tareas a las que se dedicaba cada uno, la residencia y estudios de la hermana en Buenos Aires, entre otros datos. Recordar todo ello le posibilitó poder ubicar a la familia Herman en Bariloche para transmitirle que «Juan había estado con vida en una celda como su compañero de cautiverio”.

En un traslado fue la última vez que D’Agostino vio a Juan. “Cuando eso sucedía, era saber que se abría una puerta a una nueva etapa” explicó. Dijo que “el peor sufrimiento de Juan era por su condición de judío” ya que había un grupo de guardias que se ensañaron especialmente con los detenidos que profesaban esa religión.

Miguel y Juan habían propuesto encontrarse en Buenos Aires los 9 de julio en la confitería El Molino al recuperar la libertad, pero Juan jamás acudió. Por eso para Miguel declarar en este juicio significó «una cita pendiente con Juan que lamentablemente no puedo ser físicamente y que algún día tenía que llegar».

 

Florencia Salto

Testigo clave contra el horror

D’Agostino había sido «chupado» por la actividad militante que desarrolló en la Juventud Guevarista y era interrogado cada vez que llevaban a otros militantes jóvenes al Atlético. Descubrió que no estaban en la ESMA, ni en Campo de Mayo, ni en La Perla porque otros detenidos llegaban de esos lugares.

Después de ser abandonado frente a la puerta del Hospital Borda el 1 de octubre de 1977, comenzó a buscar el lugar donde había estado. Durante un año se dedicó a esta tarea y vio el proceso de demolición del edificio por la futura construcción de la autopista 25 de Mayo. En 1979 envió una carta a Europa contando en dónde había estado y lo que había vivido.

En 1984 denunció su secuestro y tortura ante la Conadep y comenzó a colaborar con el CELS. Por este motivo fue testigo clave del juicio a las Juntas en 1985. Desde ese momento y hasta la actualidad ha participado de ocho procesos judiciales en causas de lesa humanidad. En 2010 se realizó el juicio por los hechos cometidos en el Centro Clandestino de Detención y Tortura El Atlético y hubo condenas a los responsables por apremios ilegales y tormentos.

 

Esteban Idiarte/ #CoberturaColaborativa del SPN

23 de julio de 2019

PH Florencia Salto

 

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